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Un espacio privilegiado el del Club Financiero Génova
Carlos Jiménez, Eduardo Rodríguez, Antonio Abril y Luis Camarena
Como siempre el agradable ambiente momentos previos a la cena y ponencia
Un punto de encuentro de amistad y networking
Alfonso Gajate y Miguel Vergara

Bienvenidos a una nueva edición de Foro C@SI, vehículo de comunicación puesto en marcha coincidiendo con el 25 aniversario de la fundación del Club.

En este número se incluyen el resumen de la muy interesante ponencia del presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas D. Antonio Abril. Tuvimos el privilegio de conocer por dentro la situación de las universidades españolas, como consecuencia de fallos en los mecanismos de Gobernanza de las mismas y de las inadecuadas leyes aprobadas para su reforma.

El contenido de la ponencia despertó un gran interés y un intenso debate posterior, por lo que se retrasó la hora de finalización de la sesión, quedando un buen número de preguntas sin responder.

El ritmo de noticias tecnológicas sigue incrementándose, incluso en medios generalistas:
  • Las operadoras de telecomunicaciones europeas llevan años pidiendo que las Big Tech paguen por el tráfico de Internet que usan. Alemania les ha dado la razón al obligar a Meta a pagar 20 millones de euros a la operadora nacional.
  • Un grupo de ocho periódicos de Estados Unidos han interpuesto una demanda judicial contra Microsoft y OpenAI por utilizar sus contenidos periodísticos para entrenar modelos de inteligencia artificial generativa sin la debida autorización.
  • John Schulman, de OpenAI, asegura que la inteligencia artificial general —AGI, por sus siglas en inglés— podría estar a dos o tres años vista.
  • NTT Data creará en Zaragoza su centro de excelencia mundial en inteligencia artificial.
  • Nvidia supera a Apple y bate los 3 billones de capitalización bursátil: ya es la segunda firma más valiosa del mundo.
  • Google ha sido objetivo de una filtración masiva en la que se han revelado más de 2.500 páginas de documentos internos que explican cómo funciona realmente el algoritmo de su motor de búsqueda.
  • El grupo Amper sufre un ciberataque en el que le roban 650 gigas de datos de proyectos y de sus empleados
  • Microsoft ha anunciado el futuro lanzamiento de una serie de PC,s con Windows con PC Copilot y desarrollados en colaboración con fabricantes de PC como HP, Dell, Samsung, Asus, Acer, Lenovo y Microsoft Surface, estos equipos han sido diseñados para aprovechar toda la potencia de la IA.
  • Apple y Meta pueden ser las dos primeras grandes tecnológicas en ser sancionadas por la Unión Europea por incumplir algunos puntos de la la Ley de Mercados Digitales (DMA).
Como dice el proverbio japonés: ¡ojalá te toque vivir en tiempos interesantes!





Luis Camarena

Antonio Abril y Luis Camarena durante su intervención
Antonio Abril, fue durante 32 años Secretario General y del Consejo de Administración y director de Cumplimiento Normativo del Grupo Inditex.

En la actualidad Antonio Abril es Presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas y del Consejo Social de la Universidad de la Coruña (UDC), Presidente de la Comisión Universidad-Empresa de la Cámara de Comercio de España, Patrono emérito de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) y Patrono de la Fundación Gadea por la Ciencia y la Empresa.
Es Vicepresidente del Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE), vicepresidente de la Comisión Ejecutiva de la Cámara de Comercio de A Coruña, miembro de la Junta de Gobierno y del Comité de Normas Profesionales del Instituto de Consejeros Administradores (ICA), del Consejo Rector de la Asociación para el progreso de la dirección en Galicia (APD) y del Patronato de la Fundación Española del Corazón. Como parte de su vocación docente ha sido profesor asociado de Derecho Administrativo en la UDC.
D. Antonio Abril es licenciado en derecho por la Universidad de Oviedo y funcionario por oposición del Cuerpo de Abogados del Estado.
Carmen Fernández Chamizo, Alfonso Gajate, Antonio Abril,
Luis Camarena, Crisanto Plaza y Carlos Jiménez


Buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí ya que nunca rechazo, si puedo, una invitación para hablar de los Consejos Sociales, que son los grandes desconocidos de la Universidad española. Y poder hablar de la situación de la Universidad pública española que califico como francamente mejorable, en la que llevo 36 años relación con la Universidad de manera ininterrumpida a través de diversas situaciones, por eso tengo esa trayectoria de vocación universitaria.

Quería ser catedrático de derecho administrativo, pero mi padre que era Inspector de Aduanas y de Impuestos Especiales le dijo a sus hijos e hijas una cosa muy clara: que primero debíamos hacer una oposición y luego nos podríamos dedicar a lo que quisiéramos. Mi hermano opositó para Hacienda y yo para abogado del estado. Cuando mi destino fue Lugo y llegué a La Coruña me fui a ver a José Luis Meilán Gil, que era catedrático y le dije que quería hacer la tesis doctoral y ser profesor de derecho administrativo. Y efectivamente José Luis me acogió con todo cariño, yo lo quise muchísimo, ya falleció.

Entonces empecé a dar clases de derecho administrativo como profesor asociado, pero a la tesis doctoral no le puse ni el título porque me fichó Inditex, vino la expansión internacional de Inditex a la que me incorporé en 1989 cuando tenía 74 tiendas todas en España y una en Oporto.

Mucho de lo que voy a decir y de lo que me siento capaz de comentar, surge porque he sido testigo y protagonista de la experiencia de gestión del talento de Inditex. Y si en España, en el Finisterre gallego hemos sido capaces de hacer la primera empresa del mundo de fabricación y distribución de prendas de vestir y complementos, creo que somos capaces de muchas cosas, y creo que, si la Universidad pública española tuviera una gestión del talento como una empresa privada, o sea más adecuada, podría sacar más partido del inmenso talento de sus personas, entonces otra cosa sería la Universidad pública española y también muy diferente sería España.

Siempre lo digo y no es por “dar coba”, que lo que pienso es que no hay en las Universidades públicas españolas un talento menor al que puede haber en cualquiera de las más competitivas empresas españolas, por ejemplo, Inditex, y hablo con conocimiento de causa, el problema es la gestión de ese talento.

Siempre que hablo de la Universidad empiezo a hablar de esto que es el talento de las personas, que es el verdadero motor del desarrollo económico social en un país en la situación geoestratégica, geopolítica y económica como la de España.

Todos al nacer tenemos en promedio el mismo talento, sean los gallegos, madrileños o catalanes, o sean los españoles en general, franceses, chinos, japoneses, es decir, no hay un sistema educativo ya que somos lo que hacen de nosotros familia y educación, y más tarde ese talento se ordena y jerarquiza en forma de empresa.

¿Qué es la empresa?
La empresa es una suma de emprendimiento y gestión del talento, este es el triángulo virtuoso que determina nuestro bienestar social, el primer principio de la Conferencia de Consejos Sociales y primer mandamiento es: “España será, en el futuro, el resultado de lo que hoy seamos capaces de invertir en educación y en la universidad”.
Y es aquí donde empiezan nuestros problemas, ya que España es un país que no apuesta por la educación y por la gestión del talento y los datos lo demuestran, lamentablemente.

Por ejemplo, el IMD que es una escuela de negocios Suiza y publica todos los años un ranking del talento y en el correspondiente al año 2023 que ha sido el último, España ocupa la posición 32 de 63 países, es decir muy por debajo de la posición que correspondería a España por su peso específico como potencia económica en la situación mundial.

Y he transcrito aquí una frase de Arturo Bris que es el responsable de IMD que dice “España debe potenciar un sistema educativo que se adapte a las necesidades del mercado laboral y que satisfaga las demandas de puestos de trabajo de mayor productividad”.

¿Qué nos penaliza este ranking?
Nos penaliza la escasa inversión en educación, también escasa formación y motivación de los empleados, así como escasas habilidades lingüísticas y escasa experiencia de directivos a nivel internacional.

Hay un dato concreto que nos penaliza que es que estamos por debajo de la posición 40 de 63 países y es, leo literalmente “por el bajo nivel de la educación universitaria para responder a las necesidades de una economía competitiva y la escasa prioridad que las empresas dan a la formación de sus empleados”. Esto lo dice el Centro de Competitividad Mundial IMD.

COTEC como sabéis es la institución de referencia en España en materia de innovación y que se ocupa mucho también, de algo que a mí me preocupa, que es el Foro de Marcas Españolas, que es la institución de referencia en España en materia de cooperación público-privada, una gran asignatura pendiente en España, y COTEC que es la institución de referencia en materia de innovación.

En definitiva, los dos trabajamos mucho los intangibles que es un problema en España, que es el décimo cuarto país de la Unión Europea por inversión en intangibles. No creemos en lo que no tocamos, en lo que no vemos, entre otras cosas, no creemos en la marca país y en el potencial de aportación de valor de la marca país, de la misma manera que no creemos en el potencial transformador que tiene la educación.

COTEC acaba de publicar en un mapa de talento hace unos días, clasificando las CC.AA. españolas y lo ha acompañado de una serie de estudios de flujos migratorios muy interesantes. Más de la mitad de nuestros emigrantes españoles que salen de nuestras fronteras lo hacen con un título de educación superior. Un 43% de estos emigrantes salen para ocuparse directamente en un puesto de trabajo de alta cualificación. Solo menos de la cuarta parte de los inmigrantes que entran en España están en igual situación, es decir somos un país de exportación neta de talento.

¿Por qué? ¿Qué pasa aquí?
Somos un país muy generoso en la producción, si se me permite la expresión, de egresados universitarios, y estamos entre los cinco países de la Unión Europea que tienen menos ocupación en puestos de trabajo de alta cualificación. Es decir, tenemos un tejido productivo que no es capaz de absorber la cantidad de egresados universitarios.

Importancia de la Universidad
Dentro de lo que es el sistema educativo sea público o privado, pero sobretodo de la Universidad pública y vaya por delante que reconozco el carácter más que meritorio de la Universidad pública española, tal como hemos sido capaces de hacer un sistema universitario sólido, compacto, que a pesar de estos dos grandes problemas que vemos ahora mismo en pantalla que son:
a) gobierno universitario: que ha generado una excesiva distancia entre universidad y empresa.
b) insuficiencia financiera: no valoramos debidamente la educación.
ha sido capaz de democratizar el acceso a la educación superior y le da a cualquier español que haya puesto los medios adecuados, una formación universitaria de nivel en cualquier sitio de la de la geografía española y dentro de su ámbito territorial. Por supuesto que ha sido capaz de hacerlo a pesar de estos dos grandes problemas endémicos que, si fuéramos capaces de solucionarlos, mejoraría muchísimo la eficiencia y la excelencia de la Universidad pública española y la situación económica en España.

Tenemos que aprender a ver el sistema educativo y concretamente, a la Universidad, no sólo como una institución que expide títulos académicos y ya está, sino que es un gran motor de desarrollo económico y social, esencialmente a través no solo de la formación del conocimiento, sino de la transferencia de los resultados de la investigación universitaria.

Las universidades españolas hay que decirlo, investigan mucho y bien, ya que hacen entre el 60 y el 70% de la investigación que hace la ciencia pública en España, que es mucho más porcentualmente de la que hacen sus correspondientes europeas e inversamente, el sistema empresarial español investiga menos de lo que investigan los sistemas empresariales de los países correspondientes europeos, que son los de necesaria referencia.

¿Y cuáles son estos dos problemas que tenemos y no somos capaces de resolver y no se ha sabido o no se ha atrevido o no se ha querido resolver con la nueva Ley Orgánica Universitaria que hemos aprobado el pasado año 2023? Primero, la insuficiencia financiera, es decir no priorizamos, no valoramos detenidamente la educación y consiguientemente, no la financiamos como corresponde.

Si nos vamos a porcentaje de inversión en educación, que no gasto, hablamos de inversión en educación, como porcentaje de PIB, como si observamos, por ejemplo, datos correspondientes a gasto en estudiante en equivalencia a tiempo completo, etc., etc., estamos muy por debajo de las medias europeas y de la OCDE. Basta decir que si quisiéramos equipararnos al gasto medio en educación de la Unión Europea necesitaríamos incrementar un 16% el gasto en educación, mientras que si quisiéramos equipararnos a la media de la OCDE tendríamos que mejorar un 27% el gasto en educación. ¡Esto es así!

Lo que no podemos hacer es caer en el error, muy frecuente en España y promovido por los rectores de las universidades españolas, que el gran problema de la Universidad pública española es la financiación. ¡No!

Se puede ser eficiente con más y con menos dinero. Cuando inviertes y lo haces bien, obtienes resultados y el dinero viene si pones los medios adecuados. El gran problema de la Universidad pública española es el sistema de gestión, es decir lo que llamamos tradicionalmente la gobernanza universitaria, es una palabra, “un palabro” dicen algunos, no es una palabra que me gusta mucho, no es muy bonita, pero que de alguna manera se ha generalizado su uso. Pero es que el gobierno universitario es el que ha generado excesiva distancia entre universidad y empresa y es lo que tenemos.

Evolución histórica
Cuando se produce la transición a la democracia existía en 1970 la Ley Villar Palasí. En 1978 se promulga la Constitución y en 1983 se hace la primera Ley Orgánica Universitaria LRU, que creo que es ahí donde cometimos uno de los grandes errores de la transición española que hemos pagado y seguimos pagando y vamos a seguir pagando.

Es que la Ley de 1983 se reafirma sobre tres principios: con el primero, el de autonomía universitaria, ningún problema en cuanto a libertad de investigación, libertad de cátedra incuestionable, todo esto esencial en un estado social democrático de derecho como es España. Pero el segundo principio es el de la democracia, y hay que hacer una seria reflexión sobre si la democracia es el sistema de gobierno adecuado en una institución de educación donde unos enseñan, otros aprenden y otros hacen posible que unos enseñen y otros aprendan.

El tercer principio sobre el que se sentó la reforma ha sido un gravísimo error, que es el autogobierno universitario, es decir pensar que para que se consiga la autonomía universitaria, la Universidad se tiene que auto-gestionar, autogobernar, y hemos dado lugar a un modelo de autogestión único en el mundo, que no existe en ningún otro país, dónde quienes trabajan y estudian en la Universidad son los que la gobiernan.

En 1983 hemos sacado a la sociedad de la Universidad y la hemos dejado fuera, y entonces, en la Universidad se ha desarrollado una introspección, en la que la sociedad se ha desentendido de una Universidad en la que no participa en su gestión. Ambas instituciones han funcionado como dos vías de ferrocarril en paralelo: empresas por un lado y Universidad por otro, y no hemos desarrollado mecanismos de interfaz, mecanismos de interconexión.

LA OCDE nos acaba de decir “van mejorando la sensibilidad sobre la necesidad de cooperación entre Universidad y empresa, pero vienen de muy lejos y ya hace mucho tiempo que no han desarrollado cultura de cooperación y sus mecanismos de interrelación, pues las fundaciones Universidad y empresa, las OTRIs u oficinas de transferencias resultados de la investigación, etc., pero les falta cultura de cooperación y no saben ustedes hacer cooperación entre Universidad y empresa”

La Ley Orgánica Universitaria de 2001 y su modificación de 2007 no corrigen este sistema, y lo más grave es que hemos llegado a una Ley Orgánica Universitaria en 2023 que no solo no lo corrige, sino que lo reafirma.

El sistema de gobierno
El sistema de gobierno está absolutamente alejado de los modelos de éxito europeos. Los Consejos Sociales somos absolutamente irrelevantes en lo que es la gestión de gobierno en las universidades. ¿Y qué es lo que hay en Europa? Lo hemos estudiado en un trabajo que hemos hecho entre la Fundación CYD (Fundación Conocimiento y Desarrollo) que la preside Patricia Botín, la Cámara de Comercio de España que su presidente José Luis Bonet, catedrático emérito la Universidad de Barcelona es un gran creyente en todo lo que voy a hablar hoy, es mi gran apoyo dentro de lo que es la sociedad española, y yo presido allí la Primera Comisión de Universidad y Empresa y la Conferencia de Consejos Sociales de las universidades españolas.

Hemos estudiado los modelos de gobernanza o de gobierno de las universidades europeas, las reformas que se han hecho, lo que España no ha hecho, que ha consistido en adaptarlas a la realidad del mundo actual que vivimos que es extraordinariamente competitivo y global, sobretodo extraordinariamente cambiante.

¿Qué es lo que han hecho en sus universidades?
En Europa hay órganos de gobierno de las universidades con un protagonismo de la sociedad en la gestión que es lo que no pasa en España, que la representación de la sociedad que somos los Consejos Sociales, no tenemos relevancia y protagonismo en la gestión de las universidades.

En Europa hay rectores designados por concurso de méritos, o sea, cualquier persona con capacidad para ser rector en cualquier punto del mundo, puede ser rector de una Universidad pública europea, es absolutamente increíble que en España el rector sea tan endogámico que sólo pueda salir de la propia Universidad, porque el sistema de elección del rector es por votación corporativa y ponderada y no por sufragio universal.

Los que estamos aquí pagamos y financiamos los deseos, pero no votamos, no es un sufragio universal sino sufragio corporativo y los rectores por el sistema de elección por su brazo corporativo ponderado de quienes trabajan y estudian en la Universidad, hace inviable que pueda resultar elegido rector alguien que no esté o no sea catedrático o profesor de la propia Universidad. ¡No!

En Europa hay modelos de gestión con más liderazgo individual, es decir hay una estructura jerárquica de gestión que va de arriba hacia abajo. En España el poder en la Universidad va de abajo hacia arriba porque los cargos se eligen internamente. Un rector no puede designar decanos en las universidades, no puede designar un director de departamento, va todo por elección de abajo hacia arriba, y si bien hay mayor autonomía universitaria, mayor rendición de cuentas, las universidades públicas españolas tienen curiosamente después de haber propugnado la autonomía como principio básico en la reforma del 83, muy poca autonomía operativa, muy poca autonomía real.

Tienen un problema de financiación y un problema de gestión, ya que un rector no puede gestionar el talento en las universidades públicas españolas como debería poder hacerlo y hay un problema de rendición de cuentas.

En Europa hay mucha más financiación por objetivos o criterios de calidad, en cambio, en España la financiación está muy reglada, apenas financia suficientemente las infraestructuras universitarias y hay muy poca financiación por objetivos o por criterios de calidad.

Tenemos un modelo en España absolutamente alejado de lo que los informes aconsejan, es decir, caso del Informe Brital que se hace en la Universidad de Barcelona en el año 2000, e inicia todo a una serie de informes que se han hecho en lo que va de siglo XXI, que unánimemente critican y cuestionan el sistema de gobernanza de la Universidad pública española y dicen de manera unánime que hay que cambiarlo, sin excepción, unos más otros menos, pero no conozco ni un solo informe de un cierto prestigio académico que defienda al actual sistema de gobernanza de la Universidad pública española.

Después de este Informe Brital, el Gobierno español inicia un proceso de mejora y cambio de la Universidad pública española que se llama Programa Universidad 2015 a consecuencia del cual por ejemplo se generan dos grandes informes: el de “Expertos internacionales” que se publica en 2011 llamado no por casualidad “Audacia para llegar lejos, de universidades fuertes para la España del mañana”. En 2012 se hace el informe de expertos presididos por María Teresa Miras-Portugal “Propuestas para la mejora de la calidad y la eficiencia del sistema universitario español”. Los dos informes duermen el sueño de los justos en los cajones del ministerio porque ningún gobierno se atreve a ponerlos en vigencia.

Más recientemente en 2021 la ciencia española, COTEC en la Confederación española de la Sociedad Científica hace un informe que se llama “Coste de decidir alegaciones de la ciencia española al plan de estrategia de la ciencia innovación y tecnología en España 2021-2027” y este informe dice cosas como que “está muy bien el plan estratégico pero nada se dice en él sobre los modelos de organizaciones, gestión de las universidades y centros de investigación, instituciones tan importantes para lograr una investigación de frontera y se arrastran estructuras y comportamientos vetustos que les impiden afrontar la situación como las que vivimos en estos momentos. A medio plazo es imprescindible abordar la reforma de la gobernanza de los organismos públicos de investigación, sobretodo universidades con una clara definición de patronatos ejecutivos y responsables y control eficaz ex -post de los resultados”

Es decir, que vemos como la sociedad española a través de los informes en los que la ciencia y más recientemente la Hoja de Ruta que hace la OCDE que titula “Hoja de ruta para la mejora de la transferencia de resultados y de la cooperación entre ciencias públicas y empresa en España”, o sea el título ya es significativo, que este es en mi opinión el informe más importante que se ha hecho sobre esa gran asignatura pendiente en España que es la conexión entre ciencia pública y España, la transferencia de resultados, la conversión de la investigación hacia el desarrollo económico y creación de riqueza y puestos de trabajo de economía real.

¿Por qué es tan importante este informe?
Primero, porque lo pide el propio Gobierno español con una proposición no de ley del Congreso de los diputados aprobada por unanimidad que reconoce la existencia en España de déficits estructurales en materia de innovación y transferencia y la necesidad de una visión estratégica y trayectoria para su resolución de manera que, el Gobierno español le pide al Programa Europa Digital (DIGITAL) Unión Europea, que deciden en concurso competitivo la emisión de informes solicitados por los Estados miembros, que le haga un informe para corregir estos déficits estructurales en el sistema de ciencia e investigación y transferencia a la empresa.

DIGITAL confiere el mandato a la OCDE y ésta hace el informe tras un año de trabajo que presenta en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en noviembre de 2021.

Me invitan a estar en la mesa de presentación también de este informe, porque la Conferencia de Consejo Social participa y mucho en su elaboración y tiene lugar a lo largo de todo un año. Lo que vemos es que la sociedad, la ciencia y Europa, así como la OCDE están pidiendo la reforma de la Universidad pública española.

¿Se promulga la Ley orgánica 2/2023 porque el Gobierno español tiene una especial sensibilidad por la excelencia en la Universidad? ¡No rotundamente no! Se hace porque Europa le exige como condición para el reparto de los fondos Next Generation que antes de la finalización del segundo trimestre de 2023 se haga una nueva Ley Orgánica Universitaria y le pone deberes a esta Ley. El segundo los deberes que le pone es hacer el “Good Governance of University Institution” porque Europa sabe perfectamente que la Universidad pública española adolece del buen gobierno, por eso se hace y no porque haya una voluntad de hacerlo.

¿Qué es lo que tenemos entonces en este país en materia universitaria?
Unas universidades públicas que hacen mucho en cuanto a buena investigación, pero como en las universidades públicas nunca ha estado presente la sociedad en general en su gestión y gobernanza o sistema de gobierno o como queramos llamarlo, la Universidad en su introspección ha dedicado su investigación a la publicación.

Somos el undécimo décimo país del mundo en publicaciones científicas, hacemos el 3,3% de la publicación científica mundial, está muy bien ya que es más o menos el peso específico que le corresponde a España en la economía mundial. Pero en todos los rankings de talento y competitividad, estamos por debajo de la posición 30 es decir esa diferencia entre 11 y 12 y 30 marca perfectamente las consecuencias de un sistema de ciencia pública, sobretodo de investigación universitaria muy bueno y en su falta de transferencia al sector productivo.

¿Qué tenemos en el sector productivo?
Un sector productivo atomizado y de escaso tamaño, constituido inmensamente por microempresas. De los 3 millones de empresas que aproximadamente hay en España, el 55% en realidad son autónomos y el 45% restante, la inmensa mayoría no ya pymes, en realidad micro empresas, solo 0,7% de las pymes de los que denominamos pymes españolas tienen más de 50 trabajadores y solo el 0,18% de las empresas españolas son medianas o grandes empresas. Alemania o Reino Unido multiplican por 4 esos porcentajes.

Si nos vamos no ya al tema cuantitativo, sino a la parte cualitativa, aunque si abrimos las páginas de la prensa salmón parece que somos todos tecnológicos y tenemos empresas absolutamente innovadoras y fantásticas de investigación, lo que nos dice el Instituto Nacional de Estadística es que en España solo el 22% de las empresas son realmente innovadoras y solo 11.850 empresas hacen I+D. Y de estas solo 1.180 son medianas o grandes empresas.

Tenemos un tejido productivo que es muy poco propicio a transferir y convertir en valor económico esa buena investigación que hace la ciencia pública, y volvemos a un tema que hemos planteado, es decir por qué tenemos ese desfase entre oferta y demanda de empleo en España.

Decíamos que España produce muchos egresados universitarios pero el tejido productivo no es capaz de generar puestos de trabajo de alta cualificación que absorba esos egresados universitarios. En consecuencia, tenemos un paro de egresados universitarios que es más del doble de la media de la Unión Europea que asciende al 14%. Y que en áreas de actividad o de conocimiento como artes, humanidades y ciencias sociales llega a cerca del 20%.

Tenemos un 36% de infra-empleo, o sea, sobre-cualificación, que no utilizo la palabra sobre-cualificación porque no me gusta, pero, en cualquier caso, el 36% de universitarios españoles titulados trabajan en puestos de trabajo que no requiere titulación universitaria. Y lo que decíamos antes, que más de la mitad de la migración española son titulados universitarios, es decir no somos capaces de dar empleo cualificado a nuestros egresados universitarios, exportamos mucho talento y tenemos mucho talento infrautilizado o incluso en paro.

¿Por qué? Porque una Universidad que en el año 1983 echa a la sociedad de su gestión y configura un modelo único y diferente de los sistemas europeos donde la sociedad sí está presente con un presidente de la parte social y una participación relevante a la sociedad, nunca ha sentido la necesidad de hacer crecer a la Universidad, es decir transferir los resultados de la investigación al ámbito productivo. Nunca en España se consideraba la transferencia, al menos como una forma de financiación.

En cambio, las grandes universidades europeas y americanas, una buena parte de su financiación proviene de la transferencia de los resultados de esas universidades al sector productivo. Por ello las universidades europeas y americanas no tienen ningún problema en generar excedentes, la palabra beneficios está excluida del mundo universitario, como consecuencia de la transferencia de sus resultados a través de la cooperación con el sector productivo. En cambio, los resultados de la investigación en España, esto prácticamente ha sido un tema prohibido. Nunca ha estado en la vocación de nuestras universidades públicas ese sistema.

Entonces tenemos un problema de transferencia y estamos muy por debajo de los estándares en los que deberíamos de estar. Como decía la OCDE, “se mejora la sensibilidad, pero falta una cultura de cooperación”.

Y en España esa nueva sensibilidad se ha plasmado por ejemplo en la Ley 17 de septiembre de 2022 que es la de Modificación de la Ciencia y la Tecnología e Innovación que hizo en su día Cristina Garmendia cuando fue ministra en 2012. En su prólogo hace un ejercicio de autocrítica que no es habitual evidentemente en las normas y lo que dice “el análisis de los indicadores de transferencia de conocimiento, cesión de patentes de derechos de propiedad industrial, intelectual, mediante licencia, generación de acuerdos de colaboraciones, etcétera refleja una situación claramente mejorable. Un reto no resuelto es el traslado de los resultados de la investigación científica a los mercados de forma rápida y su capacidad de generar crecimiento personal. Se mandata a los agentes públicos de ejecución del sistema español de ciencia, tecnología e innovación, a promover estructuras eficientes dedicadas a facilitar y fomentar la actividad de transferencia pudiendo desempeñarse a través de entidades dependientes o vinculadas, incluidas sociedades mercantiles públicas sin motivos de ventaja económica de gestión o de impacto social y difusión”.

Es una ley que mira hacia el futuro en la dirección adecuada y reconoce el problema que tenemos como país y aborda mecanismos de solución. No fue nada fácil, lo trabajamos mucho en la Cámara de Comercio de España para incorporar a la Ley y lo empezamos con Pedro Duque como Ministro de Ciencia e Innovación, con la posibilidad de creación de sociedades públicas mercantiles, porque algunos estamos convencidos de que la transferencia de resultados de la ciencia pública al sector productiva solo se puede hacer a través de mecanismos de sociedades mercantiles y, por tanto, en el caso de las universidades, los sistemas de transferencia de las universidades públicas españolas no funcionan ni pueden funcionar.

Transfiere el investigador cuando quiere y cuando no quiere no transfiere. Si quiere transferir pide la excedencia y aprovecha él los resultados de la transferencia y la transferencia no es normalmente rentable para la universidad, es decir, un rector nos dirá que la transferencia le cuesta dinero a la universidad en lugar de ser un mecanismo de financiación de la Universidad.

Hablando con Marcos Muñoz que es director de programas de actividades del MIT y explicándole esto, me decía que no lo podía entender, ya que, por ejemplo, en el MIT, un investigador o un profesor, no publica sin autorización de la Universidad porque, si el resultado del conocimiento que quiere publicar tiene un objetivo patentable, la Universidad patenta y luego transfiere el resultado necesario. La Universidad le da un fee o una compensación al investigador de los resultados de la investigación ya que se ha hecho con medios de la Universidad y le pertenece a ella.

Esto no pasa en la Universidad pública española, con lo cual es un sistema de transferencia que no funciona, de ahí que las universidades públicas puedan utilizar esta opción de las sociedades públicas mercantiles para hacer la transferencia, pero, lamentablemente, va a transcurrir un largo camino.

Los Consejos Sociales
Siempre cito el preámbulo de la LRU de 1983 para hablar de los Consejos Sociales ya que este preámbulo dice literalmente “esta ley está vertebrada por la idea de que la universidad no es patrimonio de los actuales miembros de la comunidad universitaria, sino que constituye un auténtico servicio público. La Universidad no es de quienes trabajan porque luego les hemos dado el gobierno y la gestión de la Universidad a los que trabajan y estudian en ella, sino que es un auténtico servicio público al servicio de toda la comunidad nacional, etc., etc. A ellos corresponde la creación de un Consejo Social que, inserto en la estructura universitaria garantice una participación en su gobierno de las diversas fuerzas sociales.”

Si esto hubiera sido así, si hubiéramos actuado en consecuencia, mejor nos hubiera ido, lamentablemente hemos hecho exactamente lo contrario, es decir los estamentos universitarios han funcionado como dueños de la Universidad y la han gestionado en ausencia de la sociedad y los Consejos Sociales. No somos órganos de gobierno de la Universidad, no lo hemos sido nunca, aunque se nos regule en un título en una ley que habla de los órganos de gobierno de la universidad respecto a qué somos los Consejos Sociales.

Somos órganos de control económico y presupuestario de las universidades y aún esto, sin las capacidades reales para el ejercicio de las competencias teóricas que la ley nos da, y esto no es que lo diga yo, esto nos lo viene diciendo quién tiene que decirlo, que es el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las CC.AA. Por ejemplo, el de Galicia acaba de hacer un informe de fiscalización de las tres universidades gallegas en el que dice claramente una cosa: no se cumple la ley, ya que la ley dice que el control económico y presupuestario de las universidades corresponde a los Consejos Sociales.

Pero no lo pueden ejercer por dos razones fundamentales: primero, porque no participan en la elaboración de la documentación económica y presupuestaria que se les presenta como un texto cerrado; segundo, porque el control interno y la intervención de la Universidad no depende de los Consejos Sociales, sino depende de los rectores, es decir en la Universidad pública española existe un problema de transparencia y rendición de cuentas porque no se cumple el principio de segregación o segmentación de funciones, que determina que quién tiene la función de gestión de los ingresos y los gastos controla también la fiscalización de los ingresos, clarísimo problema que además compromete el buen gobierno, porque cualquiera que conozca algo de buen gobierno de una institución, sabe que tiene que haber una diferenciación entre quién decide o gestiona los ingresos de la función de fiscalización de esa gestión de ingresos y gastos.

Esto se lo hemos dicho a los sucesivos ministros que han hecho la Ley. Pero pasa algo en enero de 2020 y es que se configura un nuevo gobierno en España que por necesidades de reparto de cuotas partes políticas entre departamentos ministeriales, se separan universidades de ciencia e innovación y se le da el ministerio de universidades a la cuota parte del conjunto que representa a Podemos.

La Ley Orgánica Universitaria la hace evidentemente el Gobierno español, pero lo hace un ministerio con una tendencia política y con una ideología totalmente diferente a la del ministerio de ciencias de innovación y de otros departamentos ministeriales. Hemos tenido muy mala suerte los que creemos y queremos a la Universidad pública española y esto nos va a pasar una importantísima factura económica, porque insisto cuando hablamos de Universidad el español medio tiende a pensar que es una institución que expide títulos. ¡No!

Holanda que tiene la tercera parte de la población de España, tiene en las 100 primeras universidades del Ranking de Shanghai a tres universidades, entre las 200 primeras tiene seis o siete y España ninguna. Holanda tiene en su trayectoria histórica 16 premios Nobel y nosotros tenemos uno Ramón y Cajal en el año 1906.

Estamos hablando de la ciencia en la calle, del desarrollo económico y social estamos, en un momento además de transformación tecnológica extrema, donde la ciencia es ya transversal y necesaria en todos y cada uno de los sectores de actividad económica y quién genera esa investigación en España sobre todo son las universidades. Pero si no somos capaces de transferirlas al sector productivo vamos a seguir teniendo un problema de país.

Bueno en este tema de competencia de los Consejos Sociales y de transparencia y rendición de cuentas yo me he hartado de decirles a los ministros que por la ley el control interno de la Universidad tiene que depender de los Consejos Sociales. Que es lo que está diciendo el Tribunal de Cuentas y los consejos de cuentas de las CC.AA.

El ministro Castelló, admitió que teníamos razón, pero no se atrevió a ponerlo en la Ley y lo que hizo fue utilizar una fórmula en el artículo 59 de la Ley, francamente curiosa, es decir en las universidades públicas para los principios de eficiencia, transparencia, revisión de cuentas, etc., existirá un control interno que contratará un servicio auditoría interna que gozará de autonomía funcional y no podrá depender de un organismo unipersonal. Esto hace que no va a poder seguir dependiendo de los rectores.

Y entonces el ministro cuando se le expone dice que esto lo tendrán que resolver las CC.AA. Consecuentemente, lo que tenemos es un problema en las CC.AA. de convencer los Consejos Sociales con la poca fuerza que tenemos, a los correspondientes presidentes y consejeros de la Universidad con la oposición de los rectores, que saben que el servicio no puede depender de ellos, pero ahora quieren que dependa del consejo del gobierno, del claustro o de un órgano ad-hoc que salve la exigencia de la Ley y que al final siga suponiendo que el control interno la sigan teniendo los propios rectores.

El Ministerio de Ciencia Innovación se ha acogido la Hoja de Ruta, la ha asumido y la ha trasladado a la Ley 1722 de modificación de la Ley de Ciencias, Tecnología e Innovación y aprobó a finales de 2022 un Plan de Ciencia y de Transferencia y Colaboración de la Ciencia y la Innovación al servicio de la sociedad, que transfiere los principios de la Hoja de Rduta de la OCDE que se basa en cuatro áreas prioritarias.
Primera: rediseñar los sistemas de gobernanza a las universidades y centros públicos de investigación para aumentar su compromiso con la sociedad, es decir la Hoja de Ruta es absolutamente drástica en este tema, por ejemplo dice “la gobernanza de las universidades destacó formarse en la sociedad para participar en la definición de sus misiones, la voz de la sociedad pesa muy poco en la forma en que las universidades definen sus misiones y utilizan los recursos públicos. Se recomienda rediseñar los sistemas de gobernanza de las universidades para aumentar su colaboración con la sociedad y su rendición de cuentas ante ella evitando la injerencia política, deberían emularse la reformas recientes abordadas en países europeos que han incrementado tanto los niveles de autonomía institucional como la rendición de cuentas que han dado voz de manera efectiva a actores externos en la planificación estratégica de la Universidad".


Es decir, hay que meter a la sociedad en la gestión de la Universidad, implícala, comprométela y España dejará de ser el país del mundo donde menos participación, menos compromiso tiene la sociedad en la gestión de la universidad pública y sin embargo es su servicio público de educación superior.

Segunda: reequilibrar y alinear los incentivos individuales institucionales para mover las actividades de procedencia, es decir no incentivar tanto la publicación científica e incentivar más la transferencia de resultados. Un dato a considerar: la primera regulación completa de los incentivos de la transferencia a todas las áreas del conocimiento de la ciencia pública española es de noviembre de 2018, lo hace el ministro Pedro Duque, no habíamos regulado en España de manera global los sexenios de transferencia.


Tercera área prioritaria: facilitar y coordinar las actuaciones en la diversidad de los agentes de intermediación, es decir fortalezca usted los agentes de intermediación, las fundaciones de empresa, los centros de investigación tecnológica etc.

Y finalmente promover el desarrollo de capacidades de innovación y colaboración al sector empresarial, ya que es evidente que tenemos un problema y es que no se está convirtiendo la investigación que hacen, en excelencia en creación de puestos de trabajo del sector productivo, por tanto, fortalezca usted las capacidades de innovación y colaboración en el sector empresarial.

Podemos hablar de muchos temas y muchas asignaturas pendientes en la necesidad de cooperación del sector empresarial, pero evidentemente la transferencia es cosa de dos y la situación del sector empresarial no la favorece como antes hemos visto.

El Gobierno de España mediante el Ministerio de Ciencia e Innovación va en la línea adecuada, aprueba este plan de transferencia que tiene tres ejes de actuación, 15 medidas que van en la línea de la Hoja de Ruta y que entre otras cosas, se lo recordaba el otro día a la ministra que comí con ella y le decía al respecto de este plan, que habla de cambiar la gobernanza de la ciencia pública y de mejorar las capacidades y competencias de los Consejos Sociales, que el papel lo aguanta todo pero hay que ponerlo en práctica.

Pero viene la LOSU que hace el mismo gobierno y entonces ignora el informe de la OCDE y el ministerio dice que no sigue la Hoja de Ruta de la OCDE a pesar que lo pidió el propio gobierno español, porque dice que no le afecta, ya que Europa no tiene competencias en materia de educación y entonces, prescinde total y absolutamente de las recomendaciones de la OCDE, ni las citas siquiera, mantiene la actual gobernanza y no entran el cambio de la gobernanza de la universidad pública española y como hemos visto lo está pidiendo la sociedad, la ciencia, Europa y la OCDE.

Es decir, lo asombroso es que no refuerza los Consejos Sociales que hemos sido los grandes perjudicados por la nueva Ley Orgánica Universitaria, el único mecanismo de participación de la sociedad en la universidad pública, que funcionamos mejor o peor, pero que realmente estamos en una situación de práctica irrelevancia. La Hoja de Ruta nos llama “órganos simplemente ratificantes”.

Se le ha pedido al ministro que fortaleciera los Consejos Sociales, que se le dieran competencias administrativas, que se haga un estatuto de los Consejos Sociales de manera que los presidentes y los miembros se elijan con criterios de responsabilidad por parte de quienes designan y por parte de quienes aceptan. No solo no nos refuerza, sino que nos quita competencias, nos reduce. Por ejemplo, la única competencia de aprobación única que teníamos, porque todas las demás son aprobación de cosas que vienen aprobadas por el consejo de Gobierno de la Universidad, que eran las Normas de Progreso y Permanencia de los Alumnos en la Universidad, nos quita la competencia de la aprobación que ahora pasa al Consejo de Gobierno de la Universidad. Pero ¡qué normas de progreso y permanencia en la Universidad de alumnos va a hacer un consejo de Gobierno cuyo rector lo eligen, entre otros, los propios alumnos!

Es decir, se le da cuando además el Tribunal Constitucional ya había dicho que las normas y permanencia en manos de los Consejos Sociales garantiza el adecuado equilibrio entre el esfuerzo de financiación que hace una sociedad con medios que necesariamente son escasos, y el esfuerzo y el mérito debidos de un estudiante para hacer uso de un servicio público a un coste muy inferior al real del servicio.
Lo único en que nos amplía competencias es en materia de compliance con muchas reticencias.

Creo que el ministerio nunca ha llegado a saber la importancia que tiene el compliance, entonces a los Consejos Sociales nos da competencias en materia de control de la ética y de la integridad en la actividad académica y las medidas anti-fraude en la actividad de enseñanza y de investigación. Utiliza la expresión “velar por la ética”, que ya veremos cómo la interpretan los estatutos de las universidades y las leyes de desarrollo de las CC.AA.

Pero lo que es absolutamente sorprendente es que, si la Ley 17 de 2022 apuesta decididamente por la transferencia de resultados como un reto no resuelto del país, la LOSU va en el sentido contrario y dice literalmente, “que los resultados del conocimiento generados en la universidad tienen que ser ciencia abierta y ciudadana y hay que evitar su mercantilización”.

Sorprende que dos leyes del mismo Gobierno van en dirección absolutamente contraria y también es sorprendente que en 2021 en un país de economía de mercado una ley diga que uno de los motores de desarrollo promedio social en cualquier país de nuestro entorno geopolítico como es la transferencia de resultados, de la transferencia de ciencias a la creación de puestos de trabajo y riqueza en el sector productivo, esto no puede hacerse porque tiene que ser ciencia abierta ciudadana a disposición todos y evitar su mercantilización.




Los expertos del sector constatan con creciente preocupación que el negocio para los criminales crece grandemente cada año, es más rentable y más seguro para los que lo practican.

Cibersecurity Ventures estima que el cibercrimen movió 9.500 millones de dólares el 2024, que serán 10,5 billones en 2025, lo que supone el 1,5% del PIB mundial.

Se trata de uno de los mayores negocios en la actualidad, en el que los criminales van siempre por delante de los expertos contratados por las empresas. Los expertos repiten que solo hay dos tipos de empresas: las que han sido hackeadas y las que lo serán.

No existe una concienciación dominante todavía en el seno de las empresas. Un estudio de Homesecurity revela que un 26% de las organizaciones todavía no proporcionan formación a sus empleados. Menos del 8% está ofreciendo formación adaptativa capaz de evolucionar según lo hace la tecnología, especialmente aquellas que son impulsadas por Inteligencia Artificial. El 52% de las empresas cuentan que los empleados suelen ignorar o eliminar las amenazas del correo electrónico sin notificarlas.

Check Point Software alerta sobre la capacidad de los ciberdelincuentes para crear código QR con HTML y caracteres ASCI.

Algunas de las principales empresas españolas han reconocido haber sido hackeadas con graves consecuencias, Telefónica entre ellas. El sector salud es uno de las más afectados en España: sufrió 1.400 ataques de media cada semana, afectando a más de 40 millones de pacientes.

David Conde, jefe de ciberseguridad de S21SEC, del grupo Thales, entrevistado por “El País”, proporciona una serie de datos sobre su trabajo: cuando Banco Santander, Iberdrola u otras empresas requieren sus servicios, acude con su equipo de tres expertos. Trabajan de media 15-17 horas diarias durante un promedio de una semana. Aconseja no negociar y nunca pagar. Suelen pedir 200.000 euros con un número de cuenta en Reino Unido, pero se esfuman y no devuelven nada.

Ha luchado en ciberataques a centrales de hoteles y cadenas de TV. Las empresas deben prevenir y tener una respuesta preparada para un ciberataque.

Hay mucha innovación tecnológica, con trucos nuevos y novedades.

Telefónica recomienda su canal de Telegram: https//me/cibersecuritypulse.

Miguel Ormaetxea


Valencia, tercera provincia con mayor número de dispositivos vulnerables a ciberataques, con 218.083
https://www.economiadigital.es/valencia/sociedad/valencia-ciberataques.html

Microsoft reúne a sus principales partners en España para compartir su foco en IA y Seguridad
https://www.corresponsables.com/actualidad/social/microsoft-reune-a-sus-principales-partners-en-espana-para-compartir-su-foco-en-ia-y-seguridad/

Nvidia creará una versión específica de su nuevo chip de IA para China para eludir las restricciones de EE.UU.
https://www.computerworld.es/article/3476609/nvidia-creara-una-version-especifica-de-su-nuevo-chip-de-ia-para-china-para-eludir-las-restricciones-de-ee-uu.html

https://vimeo.com/video/966504481